El gobierno cubano proyecta reducir en una década el elevado déficit habitacional, pero disímiles factores dilatan la edificación y reparación de viviendas que además de proveer hogares dignos, ayuden a atenuar brechas sociales.
Al término de 2020 el fondo habitacional en Cuba era de 3 946 747 viviendas, de las cuales alrededor de 85 % se encontraban en régimen de propiedad individual y el resto estatal, bajo distintas modalidades de arrendamiento o en inmuebles sin legaliza
Con un déficit de casi 863 000 inmuebles, el asunto es identificado como uno de los más críticos para el mejoramiento de la calidad de vida de buena parte de los 11,2 millones de cubanas y cubanos.
Familias con miembros de tres o más generaciones conviven bajo un mismo techo, a veces en condiciones de hacinamiento y en edificaciones muy deterioradas.
La vulnerabilidad de esas personas se acrecienta en este estado insular caribeño expuesto al azote de ciclones tropicales que aumentarán en cantidad e intensidad debido al cambio climático, indican pronósticos científicos.
En octubre de 2012, el huracán Sandy dañó más de 300 000 viviendas de la región oriental de la isla, y cinco años más tarde, el catastrófico Irma que impactó en 12 de las 15 provincias cubanas, afectó unas 160 000 viviendas, con casi 14 700 derrumbes totales.
“Tiemblo cuando hay lluvias intensas o anuncian un huracán. Vivo a orillas de un río y mi casa tiene el techo en malas condiciones. Mi esposo y yo estamos a punto de jubilarnos y con nuestros salarios es imposible asumir el costo de las reparaciones”, dijo a IPS vía telefónica Carmen Fuentes, residente en la ciudad de Holguín, 685 kilómetros al este de La Habana.
Estadísticas oficiales muestran que 37 % del fondo habitacional en Cuba califica de regular o en mal estado técnico constructivo.
Desde 2019 entró en vigor la Política de la Vivienda en Cuba, un plan gubernamental que propone eliminar dicho déficit en una década, mediante la construcción de inmuebles, así como la venta de materiales para rehabilitar, conservar o concluir edificaciones.
La estrategia prevé priorizar a personas damnificadas por ciclones y que han permanecido durante años en albergues o comunidades de tránsito.
También incluye subsidios y apoyos para los que puedan asumir la construcción de sus propios hogares; a quienes habitan en condiciones precarias -barrios insalubres, ciudadelas, pisos de tierra, edificios con peligro de derrumbe inminente- así como en asentamientos costeros vulnerables a las inundaciones.
A ello se suman recientes disposiciones para la legalización de viviendas, locales y habitaciones que cumplan con las disposiciones urbanísticas.
Materiales escasos y caros
La política contempla, asimismo, incentivar la producción local de materiales e insumos reciclables, además de lo que aporte el estado y la economía centralmente planificada.
Pero a juicio de Raisa Suárez, “la Política de la Vivienda está divorciada de la disponibilidad de materiales. La última vez que pude acceder legalmente a ellos, en un comercio estatal, fue en enero de 2019, restringido a 10 bolsas de cemento –de 42,5 kilogramos-, por persona”.
Suárez reconoció a IPS que “he tenido que recurrir al mercado negro para comprar materiales, porque nunca hay o se agotan de inmediato”, con el objetivo de rehabilitar su apartamento en el municipio de Cerro, uno de los 15 de la capital cubana.
“El cemento y las cabillas (barras de acero corrugadas), son muy difíciles de conseguir; un tanto menos la arena y el polvo de piedra. Pero en el mercado informal se encuentra de todo a muy altos precios. Se requiere poner orden en la comercialización”, explicó.
Suárez puso como ejemplo que una bolsa de cemento en el mercado informal puede costar hasta el equivalente a 70 dólares, en un país cuyo salario mínimo es igual a 87 dólares y el máximo ronda los 400.
Cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) muestran que el año pasado, Cuba produjo poco más de un millón de toneladas de cemento gris -76,1 % con respecto a 2019-, pero una parte se exporta.
Los datos muestran que casi todas las producciones del sector se contrajeron con respecto al año precedente.
Autoridades atribuyen los déficits al embargo estadounidense que desde 1962 obstaculiza la compra de piezas y equipamiento, además de impedir créditos para modernizar una industria que similar a otras en la isla, se encuentra mayormente descapitalizada y con bajos niveles de eficiencia.
“Es difícil agilizar las construcciones sin materiales. Durante la pandemia debió haberse decretado una moratoria en la construcción de hoteles para adelantar el programa de la vivienda”, argumentó Suárez.
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