El secuestro, apresamiento y enjuiciamiento del comunicador Ángel Martínez por parte de
la justicia dominicana no tiene comparación con ningún otro ocurrido en la República
Dominicana, por los abusos, excesos, represalias, atropellos y violaciones al debido proceso
que se han cometido en su contra, por parte de organismos del Estado y tribunales
dominicanos.
Decimos esto, sin conocer a Martínez, sin inmiscuirnos en la política y sin juzgar el
contenido de sus denuncias sobre presuntos actos de corrupción de funcionarios públicos, y
sobre otras personas a las que acusa de narcotraficantes, algunas de las cuales ya han sido
extraditadas a los Estados Unidos por ese delito.
La primera violación en contra del detective Martínez, se produjo con su apresamiento en
Puerto Plata el lunes 26 de mayo del 2025. El secuestro y arresto del comunicador por parte
del Estado constituyó un hecho violento producido contra un ciudadano dominicano por
ejercer la libertad de expresión.
La utilización de una flota de la Armada Dominicana, que incluyó lanchas rápidas,
remolcadores y helicópteros, y el asalto con armas largas de un barco crucero en alta mar,
con 3 mil 700 turistas, creando pánicos entre gran parte de ellos, fue hecho sin precedentes
en la República Dominicana.
La justificación de tal acción, de acuerdo a un comunicado de la Policía, fue porque
Martínez al llegar a Puerto Plata en el crucero, procedente de Nueva York, Estados Unidos,
realizó grabaciones y transmisiones en vivo por su canal de Instagram, de varios lugares
que la institución del orden consideró como “sensibles”.
No hay antecedentes en la República Dominicana, y no creo en otro país, que se haya
movilizado varias ramas de las Fuerzas Armadas para apresar en alta mar a una persona que
hace la función de periodista denunciante, sin ninguna orden judicial y sin una orden de
registro para asaltar un barco crucero.
Luego del arresto arbitrario del detective, al parecer las autoridades se dan cuenta de que
tenía una orden de rebeldía, que primero se dijo que era por una demanda interpuesta por
Guido Gómez Mazara, y luego resultó ser que era por otra, hecha por el diputado Sergio
Goris, conocido como Fabio, por lo que lo trasladan a la ciudad de Santo Domingo, donde
la Novena Sala Penal, en lugar de conocer la prisión arbitraria, le impuso una medida de
coerción, consistente en presentación periódica e impedimento de salidas.
Hasta el momento no se sabe qué funcionario dio la orden para movilizar parte de la flota
naval dominicana y helicópteros, para apresar a un ciudadano, quien no es un terrorista, ni
un asesino en series, sino una persona que hace denuncias públicas, buenas o malas.
La segunda barbaridad se cometió el domingo, cuando fue apresado de manera express por
las autoridades, por supuestamente no comparecer en Santiago a una audiencia de
conciliación por difamación e injuria interpuesta por el empresario Arnulfo de Jesús
Gutiérrez Almonte, el 26 de abril de 2024, a pesar de que estuvo representado por su
abogado, quien justificó su inasistencia por problemas de salud.
No se sabe, como un caso paralizado desde el 2024, en 24 horas fijan una audiencia de
conciliación, cuando los tribunales ponen fecha de hasta 2 meses para ese tipo de casos, lo
citan en un hotel en Santo Domingo, violando los procedimientos y luego lo apresan dentro
de ese lapso de tiempo, siendo el procedimiento de un caso judicial más rápido del mundo y
de la galaxia.
La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santiago, Yiberty Polanco Herrand,
impuso medida de coerción contra Martínez, consistente en presentación periódica,
impedimento de salida, y la colocación de grilletes electrónicos, como si se tratara de un
asesino en serie y no de un caso de presuntos delitos de palabras.
Todos estos atropellos a mi humilde entender, chocan con la dispuesto por el Tribunal
Constitucional de la República Dominicana, en su sentencia TC/0092/19, que declaró
inconstitucional el artículo 44.6 de la Ley Núm. 33.18, de Partidos, Agrupaciones y
Movimientos Políticos.
En esa sentencia el alto tribunal establece que “las redes sociales se han convertido en los
únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda
exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo cual ha motivado que el
discurso político deje de ser dirigido por el Estado o por los profesionales de la
comunicación a través de los medios tradicionales, provocando una deliberación
verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés. De ahí la importancia
de que el uso de la libertad de expresión por estos medios se mantenga libre del temor a
represalias innecesarias y desproporcionadas que obstaculicen la construcción de una
ciudadanía plena, participativa y consciente”.
Por tanto, creo que el secuestro, persecución express, apresamiento y medidas excesivas de
los tribunales en contra de Martínez son “represalias innecesarias” y desproporcionadas que
obstaculizan su participación activa en las denuncias y críticas contra funcionarios del
Estado y de particulares supuestamente vinculados al crimen organizado, sin que esto
signifique que no pueda ser sometido a la justicia por los afectados y juzgado por los
tribunales, respetando el debido proceso
Por David R. Lorenzo
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